Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala (Oaxaca)

“La Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista” (Informe de la CCIODH, 2007)

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Alerta ante la grave escalada de violencia en la región Triqui.

Los gobiernos federal y estatal responsables del cerco al que se ve sometido San Juan Copala por paramilitares de la UBISORT.

La escalada de la violencia y la impunidad reinante en la zona triqui de Oaxaca, evidenciada hasta el extremo con el cerco paramilitar que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala ha desembocado en dos nuevos homicidios.

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El martes día 27 de abril a las 11 de la mañana partió de la ciudad de Huajuapán de León una caravana formada por un centenar de personas en varios vehículos, formada por miembros de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos mexicanas e internacionales con el objetivo de romper el cerco que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca. Este municipio se encuentra cercado por un retén paramilitar armado desde el mes de enero por parte de la organización UBISORT, ligada al PRI que gobierna en el estado, y denunciada en repetidas ocasiones como paramilitar, responsable de numerosas agresiones y asesinatos en la zona. Este cerco impide la realización de clases así como ha cortado el suministro de agua y la llegada de mercancías al municipio y tiene como objetivo impedir el libre autogobierno mediante el municipio autónomo declarado en la zona.

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Una treintena de personas procedentes de varios países europeos, participantes en diversas visitas a México de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), nos hemos reunido para reflexionar sobre el futuro de la Comisión. Otras diez personas pudieron seguir y participar en la reunión vía internet y otras tantas hicieron llegar sus reflexiones y propuestas con antelación.

Queremos manifestar públicamente a la sociedad civil internacional y la mexicana en particular el fruto de nuestras reflexiones:

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Barcelona, a 13 de octubre de 2009.

El sistema mexicano penaliza a las víctimas mientras protege, cuando no premia, a los responsables de violaciones a los derechos humanos

Recientes resoluciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México demuestran una vez más la existencia de una política de estado que, mediante la simulación de un escrupuloso respeto a la ley, sólo consigue asegurar la impunidad de los responsables directos e intelectuales de graves violaciones de los derechos humanos. Por el contrario, ese mismo sistema de procuración e impartición de justicia se muestra implacable con los luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales de forma legítima y pacífica.

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La impunidad reactiva la actividad paramilitar y las agresiones contra las comunidades indígenas en resistencia así como en contra de los defensores de los derechos humanos en Chiapas

Barcelona, a 21 de septiembre de 2009

El estado de Chiapas está viviendo una escalada de la actividades violentas de organizaciones denunciadas reiteradamante como paramilitares, al mismo tiempo que se emprende una campaña contra los defensores de los derechos humanos. La situación se puede calificar de muy grave pues se han registrado denuncias en diferentes zonas y se ha constatado un uso cada vez más frecuente y público de armas de fuego por parte de los agresores.

La impunidad con que se dan estas actuaciones provoca que aumenten sus actividades sin que haya ninguna respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Aunque las denuncias aportan datos claros de las personas y de las autoridades civiles o policiales que intervienen o están presentes durante las agresiones, el tiempo transcurre sin que se abran investigaciones policiales o judiciales que señalen responsabilidades en los graves delitos cometidos.

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Acteal, ¿y ahora qué?

por Joan Baucells Lladós,
Profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, exmagistrado y comisionado en la VI visita de la CCIODH

Probablemente esta semana se hará pública la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se concederá el amparo a una cuarentena de los que en su momento fueron condenados por la masacre de Acteal. Los argumentos utilizados por la Corte parecen estar relacionados con las irregularidades procesales de esos juicios. En concreto –según avanzaba El Universal, en su edición de 6 de agosto- las condenas se habrían sustentado sobre “desaparición de evidencias, alteraciones de la escena del crimen, sustracción de inculpados y fabricación de testimonios”. No es prudente comentar una sentencia a la que no se ha tenido acceso y menos criticarla por utilizar argumentos garantistas, aunque en sus consecutivas visitas a Chiapas la Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos pudo contrastar cómo era del todo evidente que la investigación sobre los hechos de Acteal estaba rodeada de enormes irregularidades.

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Barcelona, a 7 de agosto de 2009

Caso Acteal: No hay justicia en México, la impunidad se ratifica

A diez años de Acteal, 29/10/2007
La falta de independencia del Poder Judicial: las dificultades en el acceso a los tribunales de los sectores sociales más desfavorecidos y su uso interesado por representantes gubernamentales han provocado una profunda desconfianza hacia la Justicia. Con frecuencia jueces y tribunales se pliegan a las exigencias gubernamentales al decidir sin fundamento suficiente el encarcelamiento de los líderes de organizaciones y movimientos sociales, tanto indígenas como no indígenas. Existen pues, en tal sentido, presos políticos. Diez años después de Acteal sigue siendo necesario recordar la matanza, sus causas y protagonistas. La tarea de evitar nuevos Acteales pasa por la pervivencia de la lucha contra la impunidad entendida en sentido amplio: ninguna vulneración de derechos sociales, culturales, económicos, políticos y civiles debería quedar sin respuesta. Por ello, la CCIODH interpela a todos los actores sociales y políticos, tanto mexicanos como internacionales, a que ejerzan una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes tanto públicos como privados. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de mantenimiento de la labor de observación civil iniciada hacer ya cerca de diez años.

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Este mes de junio se cumple un año de la publicación del informe de la VI Visita de la CCIODH, presentado en México y entregado a las organizaciones, personas e instituciones que dieron su aval para la realización de nuestro trabajo, así como a las instituciones internacionales con responsabilidad en la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos.
Un año más tarde, la CCIODH denuncia que la situación en cuanto a asesinatos, amenazas, represión y encarcelamientos injustificados se ha agravado. Dichas vulneraciones han sido oportunamente denunciadas en boletines posteriores a la entrega del informe:

- Ante la masacre de 6 indígenas en la comunidad de Chinkultik (Miguel Hidalgo, Chiapas) 10/10/2008
- México y la Unión Europea establecen “Asociación Estratégica”.20/10/2008.
- Ante el segundo aniversario del 25 de noviembre de 2006: “Justicia para Oaxaca”. 24/11/2008.
- Ante la discusión del dictamen sobre Atenco de la SCJN: Justicia o Impunidad. 7/02/2009.
- SCJN: En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de estado. 15/02/2009.

En las Conclusiones y Recomendaciones de la VI Visita señalábamos:
“La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración de denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorias y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades”. “Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En algunas áreas geográficas de Chiapas su actividad incluso ha aumentado”

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La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, a expensas de su redacción final, cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el estado responde a las graves violaciones a los derechos fundamentales, violaciones que, paradójicamente han sido ampliamente documentadas por la misma Corte en su investigación.
Estas conclusiones confirman la negación de justicia como patrón de respuesta del estado, como la CCIODH ha venido constatando a lo largo de 10 años de observación por los derechos humanos en México: así ha ocurrido en un crimen de estado como es el caso Acteal, en la denuncia de Lydia Cacho y ahora en el caso Atenco. En todos ellos se imputa a funcionarios de bajo nivel y se exonera a los responsables policiales y políticos, justificando actuaciones del poder cuyo principal objetivo es la represión de los movimientos sociales.

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